El Foro de Convergencia Empresarial (FCE) presentó su visión sobre el rol del Estado como promotor del bienestar general

El documento, que ya fue remitido a los candidatos presidenciales, lleva como título “El rol del Estado y el buen gobierno Republicano” y expresa el consenso de las 67 entidades que integran el espacio. Contiene consideraciones y propuestas de medidas para políticas públicas, que procuran crear el marco adecuado para incentivar la inversión privada y generar 3 millones de nuevos puestos de trabajo.

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El Foro de Convergencia Empresarial (FCE) dio a conocer un nuevo documento en el que plasma su visión sobre el rol que cumple el Estado dentro de un régimen republicano de gobierno y formula medidas concretas de políticas públicas para generar el marco adecuado que permita incentivar las inversiones del sector privado y crear nuevos empleos en beneficio del bienestar de las personas y el crecimiento sostenido del país.

El trabajo, que lleva como título “El Rol del Estado y el buen gobierno Republicano” y cuenta con el consenso de las 67 entidades que integran el espacio, ya fue remitido a los candidatos de los principales partidos políticos que competirán en la elección presidencial de octubre próximo.

El nuevo documento tuvo su origen en la ronda de consultas que durante un año mantuvo el FCE con distintos dirigentes políticos y surgió a instancias de algunas observaciones formuladas por dicha dirigencia para que los empresarios fijaran su posición acerca del Rol del Estado.

A su vez, el trabajo se inscribe en los compromisos formulados por el FCE en la reunión del 27 de noviembre último ante 900 asistentes, oportunidad en que se anunció la posibilidad de generar inversiones por u$s 300.000 millones y crear 3 millones de nuevos puestos de trabajo a partir del potencial que ofrecen los distintos sectores de la economía y de las condiciones institucionales, económicas y sociales adecuadas que se requieren.

“Es necesario que haya un debate serio y profundo sobre el rol del Estado y por tal motivo promovemos y queremos participar en ese debate a partir de un documento que tiene el consenso y apoyo de importantes organizaciones de la sociedad civil”, afirmó Miguel Blanco, coordinador del FCE al presentarlo.

Para agregar: “Es nuestra opinión y nuestro aporte al análisis del tema y queremos debatirlo con los políticos, los sindicatos, la comunidad académica, etc., en un diálogo maduro y sin agresiones para superar la superficialidad con que se trata este tema”.

 

Estado y gobierno no son sinónimos

El documento “El Rol del Estado y el buen gobierno Republicano” enfatiza en su primera parte que “Estado y Gobierno no son sinónimos” y advierte que “la ciudadanía no debe permitir que los gobiernos – sean nacional, provinciales y municipales- se apropien del Estado”.

“Debe distinguirse el modo en que el mismo es ejercido y de cómo son designados aquellos ciudadanos que, en su nombre y representación, gobiernan la República Argentina; esto es, ejerciendo el poder -ejecutivo, legislativo y judicial-, de acuerdo con la Constitución Nacional y las leyes que institucionalizan esa autoridad conferida”.

Asimismo, propicia que las leyes deben ser el resultado de un estudio, discusión, ponderación y análisis de sus efectos,  y que deben respetar la supremacía de la Constitución. “Lo mismo debe acontecer con la restante jerarquía de normas, por caso, los decretos de necesidad y urgencia”, precisa.

Reflexiona que “desde la transición democrática de 1983, la Argentina viene transitando gran parte de estos años en emergencia económica y social declarada por ley”, en donde “lo extraordinario, lo anómalo, se terminó transformando en ordinario y normal, con claras consecuencias negativas en la vida de la población”, subraya.

El FCE entiende que “un Estado eficaz es esencial para la vida política, económica y social de un país”, al tiempo que “es indispensable para el desarrollo económico”.

 

Intervención, ética e integridad

Al ahondar en la necesidad que tiene  la sociedad de que se garantice la calidad institucional de la Nación, el Documento define dos factores clave vinculados al “marco de intervención del Estado” y  a la actuación “ética y de integridad”.

En cuanto al primero, señala que el Estado tiene el rol fundamental de “respetar la forma representativa republicana federal de gobierno, resguardar la seguridad de los habitantes, su libertad y sus bienes e impedir abusos que afecten al bien común”.

Respecto del segundo, enfatiza que el Estado “debe ser la persona ética por excelencia y por ello a los gobernantes les cable la responsabilidad de actuar de manera ejemplar y como promotores de la ética republicana”. “Esto último no es otra cosa que observar y hacer observar el cumplimiento de la ley, respetar a rajatabla la división de poderes y rendir cuentas de la gestión”, redondea.

Más adelante reclama un contrato fiscal entre Estado (a nivel nacional, provincial y municipal) y sociedad civil para garantizar la condición constitucional que estipula que el país está organizado como un Estado federal. Para ello se debe impulsar el dictado de una nueva ley de Coparticipación Federal de Impuestos que resuelva las inequidades y desigualdades que genera la actual ley.

Señala luego que la función del Estado es la de asegurar un marco de plena competencia en la actividad económica, evitando prácticas monopólicas u oligopólicas, para que ésta quede a salvo de  presiones de intereses sectoriales o políticos.

En otro pasaje, sostiene que “debe ser respetado el ámbito de decisión de las empresas privadas”, ya que “la injerencia del Estado en el ámbito privado, interviniendo arbitrariamente en la toma de decisiones empresarias, lesiona gravemente la economía y obstaculiza el desarrollo económico y social”.

Tras reclamar la modificación de las leyes de Abastecimiento (N° 20.680 y 26.991) y de Mercado de Capitales (art. 20), recuerda el documento que el Estado debe garantizar el derecho de propiedad como una forma de incentivar las inversiones productivas. Esto último, agrega, no excluye la aplicación de normas que regulen la defensa de la competencia.

Por otra parte, plantea la necesidad que exista un sistema que permita que los precios de bienes y servicios se construyan sin injerencias arbitrarias del gobierno como un modo de alcanzar el uso más eficiente posible de los recursos productivos y económicos de la Argentina.

“El empleo de los controles de precios, en la medida que persistan desequililbrios macroeconómicos, no son eficaces para eliminar la inflación” y  “su manipulación discrecional por parte del Estado agudiza las distorsiones”, concluye.

 

Medidas para políticas públicas

Con este marco, y en el plano de las medidas concretas, el FCE propicia políticas de Estado de “fortalecimiento y capacitación” que garanticen la independencia y autarquía del poder Judicial, afiance el Consejo de la Magistratura, y dé independencia al Ministerio Público.

A su vez, impulsa el fortalecimiento institucional, profesionalización e idoneidad técnica de los distintos entes reguladores y de control como la Auditoría General de la Nación, Oficina Anticorrupción, Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, Defensor del Pueblo, INTA, INTI, ANMAT, BCRA, Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, Comisión Nacional de Valores, Comisión de Defensa de la Competencia, entre otros.

Dentro de este mismo objetivo, incluye a los organismos encargados de la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero, la evasión fiscal, la trata de personas y el crimen organizado, así como los organismos de inteligencia del Estado, que “deben cumplir estrictamente las leyes y no ser utilizados para fines desviados de los que establecen las normas”.

En esta línea, propone el FCE “la formación de una burocracia competente, de alto calibre profesional y ético, seleccionada de manera transparente y en base a mérito”.

En los planos económico y social, reclama una reforma tributaria y fiscal de carácter  progresivo a nivel nacional, provincial y municipal que elimine impuestos distorsivos que restringen la producción y comercialización nacional e internacional e bienes y servicios.

Asimismo, se pronuncia por una mejora de la calidad educativa según estándares internacionales y que garantice una sólida formación cívica. Reclama la evaluación sistemática y periódica del funcionamiento del sistema educativo, la capacitación y las prácticas docentes. “Es clave promover una fuerte vinculación entre educación y actividad productiva”, concreta.

Asimismo, propone impulsar el primer empleo formal y el arraigo de los jóvenes en todo el país, como formas de erradicar la pobreza y la exclusión; y definir una política nacional de vivienda, provisión de agua potable y construcción de cloacas.

En materia de salud, propicia una reforma integral que articule jurisdicciones y sectores del sistema, fortalezca la red pública de atención primaria y garantice la sustentabilidad de la atención de enfermedades crónicas.

“El Estado debe continuar con la  protección de la primera infancia y asegurar la nutrición a través de programas como la Asignación Universal por Hijo y similares”, resume.

Por último, propone que el Estado garantice el marco legal y fiscal apropiado para promover y fomentar el desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la promoción de la educación, la salud, la protección del medio ambiente, la justicia y la defensa de las instituciones, las investigaciones científicas y técnicas y otras actividades de relevancia social y humana.

 

19 de Mayo de 2015